La Justicia se sumó al programa de capacitación en niñez
El Superior Tribunal de Justicia resolvió adherir al Programa Provincial de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescente. A su vez se autorizó a la presidencia del STJ a suscribir, con la autoridad de aplicación –el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos–, los convenios de colaboración y asistencia recíproca necesarios a fin de coordinar la implementación, dictado y certificación del programa.
Resumen
El Superior Tribunal de Justicia resolvió adherir al Programa Provincial de Capacitación en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispuesto mediante el decreto N° 1478/2026 del Poder Ejecutivo.
A su vez se autorizó a la presidencia del STJ a suscribir, con la autoridad de aplicación –el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos–, los convenios de colaboración y asistencia recíproca necesarios a fin de coordinar la implementación, dictado y certificación del programa.
El texto del Ejecutivo prevé que la capacitación sea continua, permanente y obligatoria y que se rija por los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la ley nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la ley provincial Nº 2.703, por la que La Pampa adhirió a esa norma.
También el decreto, en el artículo noveno, invitó al Poder Judicial a adherir al programa y a suscribir los convenios.
Dicho texto establece tres objetivos centrales: a) asegurar la transversalización de la perspectiva de infancias y adolescencias en el diseño y ejecución de las políticas públicas provinciales; b) brindar herramientas conceptuales y prácticas para la detección temprana de situaciones de violencias, maltrato o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA); y c) consolidar mecanismos institucionales de articulación operativa con el Sistema de Protección Integral.
Además establece que el programa provincial es de cumplimiento obligatorio para la totalidad de las personas que se desempeñen en el Poder Ejecutivo, sus organismos descentralizados y empresas con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea su nivel, jerarquía o modalidad de contratación.