Transformación judicial en Mendoza: reducción de litigios y ahorro millonario
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli, participó de la apertura del Foro Anual AEM 2026, Economía, liderazgo y futuro del trabajo. Allí destacó que gracias a las reformas procesales y al esquema de oralidad, los ingresos de causas cayeron un 37,39% desde 2017 y las alícuotas de las ART disminuyeron, ahorrándole al sector productivo cerca de 120 millones de dólares
Resumen
El Poder Judicial de Mendoza consolida un cambio estructural en el fuero laboral que impacta de manera directa en la economía local y la agilidad de los procesos jurídicos. Según los datos oficiales registrados por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de Mendoza, la cantidad de causas ingresadas a las doce Cámaras Laborales de la provincia pasó de 24.449 en el año 2017 a 15.307 en 2025, lo que representa una caída general del 37,39%.
Estos datos fueron puestos en valor por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, en el contexto de la realización del Foro Anual AEM 2026, que este año tuvo como título Economía, liderazgo y futuro del trabajo.
La Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), consolida uno de los espacios más importantes para el intercambio de ideas, experiencias y tendencias vinculadas con el desarrollo productivo, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema empresarial.
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, destacó el valor de articular el trabajo entre las empresas y los distintos poderes del Estado: “No existe el compartimiento estanco. No hay forma de entender que el Poder Judicial tome una acción y que no tenga un impacto directo en la economía”.
Dalmiro Garay Cueli explicó que “Esta reducción de demandas incidió de forma directa sobre los costos laborales. Teníamos una alícuota de las ART entre un punto y un punto y medio superior a nuestros vecinos de San Luis y San Juan, y eso era porque teníamos muchos juicios. La baja en las alícuotas por el componente de judicialidad que tenía Mendoza hoy, solamente entre el 2017 y el 2023, fueron casi 120 millones de dólares que ganaron las empresas de Mendoza”.
La tendencia a la baja continuó entre 2024 y 2025, período en el cual el total de expedientes ingresados disminuyó un 6,10% (pasando de 16.301 a 15.307). En ese último año, las cámaras dictaron un total de 4.925 sentencias contenciosas, 7.100 homologatorias, 1.476 monitorias y 604 autos definitivos.
Caída en la litigiosidad y alivio financiero entre los años 2017 y 2025:
Accidentes laborales: Cayeron un 39,10% (de 8.545 causas en 2017 a 5.204 en 2025).
Despidos: Disminuyeron un 54,87% (de 4.779 causas en 2017 a 2.152 en 2025).
Oralidad y despacho eficiente
El cambio de paradigma en la administración de justicia responde a la aplicación de la Ley N° 9.109 (Código Procesal Laboral) y al Protocolo de Oralidad (Acordada 29.283). Entre sus ejes principales figuran la inmediación, el protagonismo del juez, el proceso por audiencias, la gestión dinámica de la prueba y el esfuerzo conciliador.
Bajo estas normas, la Audiencia Inicial (AI) se fija a los 20 días hábiles de trabada la litis y la Audiencia de Vista de Causa (AVC) se establece dentro de los 120 días corridos. En 2025, el promedio de resolución general para juicios finalizados se ubicó en 17 meses, alcanzando plazos aún menores en resoluciones monitorias (7 meses) y homologatorias (20 meses).
Sobre este ordenamiento interno, Garay Cueli remarcó: “Veníamos de un fuero laboral que estaba colapsado con más de 24.000 causas. Hoy, con la misma cantidad de jueces y la misma cantidad de funcionarios, estamos trabajando con 15.000 causas”.
El magistrado subrayó que la merma de expedientes no significa restar garantías a los trabajadores: “Eso no implica mayor desamparo, lo que implica es que está llegando lo que tiene que llegar al Poder Judicial, lo importante, lo que merece una discusión dentro del sistema judicial”.
Por último, remarcó la certidumbre que aporta el esquema oral: “En la primera audiencia yo sé cuándo más o menos va a ser la segunda audiencia y eso me permite determinar cuándo el juicio va a terminar, son todas cuestiones que hacen a la seguridad jurídica y claramente a la transparencia del Poder Judicial”.