Subastas judiciales electrónicas: avance y consolidación
Las subastas judiciales electrónicas continúan expandiéndose en distintas jurisdicciones del país como parte de los procesos de modernización y digitalización judicial. La reciente implementación del sistema en Mendoza se suma a una tendencia federal que busca fortalecer la transparencia, la publicidad y el acceso remoto a los remates judiciales.
Las subastas judiciales electrónicas se consolidaron en los últimos años como una herramienta orientada a modernizar y transparentar los procesos de remate en los poderes judiciales provinciales. A través de plataformas digitales implementadas y reguladas por los Superiores Tribunales y Supremas Cortes de cada jurisdicción, este sistema permite ampliar el acceso a las subastas, fortalecer la publicidad de los actos y garantizar mayores niveles de control y trazabilidad en las operaciones.
En este marco, y a partir del reciente lanzamiento del sistema de subastas judiciales electrónicas en la provincia de Mendoza, relevado en Justicia.ar, se traza un panorama federal sobre el estado de implementación de esta modalidad en el país. El formato electrónico, que reemplaza progresivamente al tradicional sistema presencial, está orientado a garantizar la seguridad jurídica y el control ciudadano. Además, facilita la participación remota de postores, elimina barreras geográficas y reduce riesgos vinculados al traslado de dinero o posibles interferencias externas, permitiendo realizar subastas simultáneas y efectuar un seguimiento en tiempo real de cada proceso.
Córdoba fue una de las provincias pioneras en la implementación de las subastas judiciales electrónicas. Su sistema permite gestionar remates de inmuebles, vehículos y otros bienes muebles mediante un esquema consolidado de postores anónimos.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires implementó su portal de subastas electrónicas mediante el Acuerdo 3604. Por su volumen de población y litigiosidad, es uno de los sistemas con mayor cantidad de remates diarios del país.
Por su parte, Tucumán cuenta con un Portal de Subastas Electrónicas administrado por la Corte Suprema provincial, cuyo funcionamiento fue reglamentado mediante las acordadas 1562/22, 880/23 y 1012/24.
En Salta, en tanto, la modalidad virtual forma parte de las políticas de despapelización y expediente digital impulsadas por la Corte de Justicia. El sistema funciona a través de la Oficina de Subastas dependiente de la Secretaría de Superintendencia.
El Poder Judicial de San Luis implementó el sistema en sus tres circunscripciones judiciales. El Registro General de Postores es obligatorio para participar y tiene una vigencia de dos años desde la admisión del solicitante.
Entre Ríos cuenta con una Oficina de Subastas Judiciales Electrónicas bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia. El sistema centraliza los remates de todas las jurisdicciones provinciales a través de un portal único.
El Poder Judicial del Chaco, en tanto, posee un sistema regulado mediante el Acuerdo STJ Nº 3768. La normativa prevé subastas de diez días corridos e ininterrumpidos y mecanismos de validación para los postores registrados.
En San Juan, el sistema comenzó a implementarse a partir del 1° de diciembre de 2025, conforme lo dispuesto por el Acuerdo General N° 108/2025, en el marco del proceso de modernización tecnológica impulsado por la Corte de Justicia provincial.
A su vez, La Pampa estableció que las subastas de los distintos fueros y circunscripciones judiciales se realicen mediante modalidad electrónica, aunque la normativa contempla excepciones fundadas para determinados bienes o situaciones particulares.
A nivel nacional, la digitalización de estos procedimientos se consolidó con la puesta en marcha del Portal de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aprobado mediante la Acordada 15/2025, el sistema dio inicio a las primeras subastas electrónicas en febrero de 2026. Bajo la órbita de la Oficina de Subastas Judiciales, esta plataforma centraliza y garantiza los parámetros de transparencia, accesibilidad y seguridad jurídica en los remates ordenados por los magistrados de los fueros nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.